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A pesar de lo que diga la ministra de educación de turno, los niños no son del Estado. Aún no.

Siguen siendo de los padres y no sólo nominalmente. Con esa consigna por delante, desde que nacen, en realidad desde que son conscientes de que están en el vientre materno, éstos se ocupan de su cuidado, de su alimentación, de que no les falte lo básico para vivir, para salir adelante. Y a medida que van creciendo, se van preocupando también de su educación.

Asunto complicado en nuestros tiempos el de la educación, con tantísima tendencia a las injerencias externas a la familia, tanto de los medios de comunicación como del Estado en todas sus facetas, comenzando con la obligatoria escolarización y el control estatal de todos los contenidos de la enseñanza.

Y en una situación excepcional como la que estamos viviendo, las familias, los padres, se encargan también de proteger a sus retoños del virus y de todos los daños colaterales que éste y la gestión (!) de la pandemia hacen nuestros dirigentes.

Acaba de salir un señor en televisión, con aspecto de persona respetable, relativamente bien vestido y aseado, a dirigirse a los niños de España. Lo ha hecho de forma amable, amistosa, moderado el tono y las formas, excusándose, queriendo parecer alguien cercano, sincero, prometiendo a los infantes que, si hacen lo que él les dice, no les pasará nada, todo irá bien, que confíen en él.

En situaciones excepcionales, medidas excepcionales.

Lo primero que hay que recordar a los niños es la vieja enseñanza que dice que no hay que hablar con desconocidos, ni hacerles caso si no saben quiénes son, si no son amigos de sus papás. Y que no se deben fiar de su apariencia, de su aspecto en el vestir, ni de los gestos amables, la dulzura de sus palabras. Y menos aún si les prometen cosas, si les prometen regalos o prebendas que les gusten.

Después hay que hacerles ver que, aunque aparezca un señor en la televisión y diga que es todo un vicepresidente del gobierno de su país, no tienen por qué pensar que quiere el bien para todos lo que le escuchan. Que, concretamente ese señor de la coleta, defiende ideas y regímenes políticos que han provocado varios decenas de millones de muertos en el mundo.

Por más extrañados e impresionados que queden los pequeños, por su bien, es el momento de contarles lo absurdas y peligrosas que son las ideas de la redistribución de la riqueza, las de la lucha de clases, las de las dictaduras, aunque sean del proletariado. Hay que hacer especial hincapié en la miseria que han producido en el mundo, que siguen produciendo, recurriendo a los dolorosos, pero edificantes ejemplos de Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China o la extinta Unión Soviética.

Introducido el asunto, hay que desgranar cuidadosamente los conceptos más básicos de la economía libre, de la libertad humana, de la responsabilidad individual, de la rendición de cuentas, los conceptos básicos de la moral que se acepta en esa familia, de la religión a la que pertenecen, en su caso, del pensamiento crítico.

Hay que insistir, con tiento pero sin desmayo, en que los seres humanos somos libres porque hemos sido creados libres. Que nuestra libertad abarca todos los aspectos de la existencia y que hay que defenderla siempre de gente como ese señor que nos quiere confundir con promesas y más promesas. Que no somos libres verdaderamente si ese tipo y otros como él no nos dejan hacer las cosas más básicas, si no podemos decidir en los asuntos que nos son importantes.
Es vital que entiendan que robar está mal, que extorsionar está peor y que el Estado no tiene que tener ninguna excepción para lo anterior. Que no hay que desear los bienes ajenos, que no tenemos derecho a nada si eso significa que alguien se lo quita por la fuerza a otro para dárnoslo.

La tarea, no me negarán, es ardua. Es nuestra responsabilidad y es apasionante. Pero les aseguro que ver llegar a la edad adulta a tus niños (que siempre lo serán para ti) como seres humanos con criterio propio, con sólidos valores, capaces de perseverar en el bien aunque sean minoría y sean señalados en demasiadas ocasiones, siendo personas responsables de sus actos y opiniones, sin miedo, no tiene precio. Como decía el famoso anuncio.

Artículo originalmente publicado en El Club de los Viernes

Una consecuencia de tener un Estado tan grande, tan invasivo en todas las esferas de la vida y tan antiguo ya (llevamos siglos de crecimiento sin freno) es que todos los engranajes funcionan coordinada y automáticamente y todos los que para él trabajan y los ciudadanos afectados han interiorizado ya una serie de pensamientos y de obediencias en relación a las órdenes y la legislación que se dicta, que borran la reflexión y la crítica, al menos en los primeros momentos. Una especie de “efecto rebaño”, de sumisión al orden establecido.

Me ocuparé en concreto hoy de la elección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de denunciar los incumplimientos al decreto de declaración el estado de alarma como infracciones al artículo 36.6 de la ley orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Asunto éste que ha generado cierta polémica en las redes, aunque haya sido en ámbitos reducidos.

La controversia estriba en que un sector de la población considera que la elección de dicho artículo es errónea, que no se justifica en el actual contexto y que, el hecho de que se hayan dictado órdenes a las policías para que lo utilicen, no es motivo para que esto se materialice, puesto que los funcionarios no tienen “obediencia debida”, es decir, no deben cumplir órdenes que sean manifiestamente ilegales.

Lo que quiero hacer ver a quien me lea es que el Estado no necesita dictar (casi nunca) órdenes ilegales para que se cumplan los objetivos que se fijan por los gobernantes. Dejemos a un lado la suspensión manifiestamente ilegal, a mi juicio, de derechos fundamentales por el propio estado de alarma, porque no es el objeto de este artículo.

El gobierno ha declarado un estado de alarma para hacer frente a una crisis sanitaria, algo lógico si atendemos la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Sin embargo, las medidas adoptadas no van en la línea de lo que sería un “combate sanitario” contra la epidemia, sino que se han basado en encerrar a la población en sus casas, cerrar las actividades consideradas no esenciales para la supervivencia y la confiscación del material sanitario necesario. Las medidas sanitarias han quedado reducidas a la asistencia a los enfermos que llegaban a los hospitales.

No me negarán que las medidas que se comentan arriba suenan a medidas de tipo policial, a pesar de que en el preámbulo del decreto de declaración se hace ver que las medidas previstas se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

Una de las normas que desarrolla el decreto de declaración es una orden ministerial por la que se establecen los criterios de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad, que dicta que esos agentes pueden practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos necesarias para comprobar e impedir que se lleven a cabo servicios y actividades suspendidas.

En el apartado quinto de esta orden ministerial, se desarrolla el régimen sancionador del decreto de alarma y se señala que, sin perjuicio de otros delitos o infracciones, el incumplimiento o la resistencia a la órdenes de la Autoridad competente pueden ser constitutivos de delitos de atentado, resistencia o desobediencia, según nuestro código penal. Y que el artículo 36.6 de la ley orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana considera como infracción la desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

Nótese que en el régimen sancionador y en las directrices que acompañan no se hace ninguna referencia a ninguna ley sanitaria.

Quien sepa cómo funciona el modelo policial español, estará conmigo en que a los agentes no se les ordena denunciar conductas a esta u otra ley, a este u otro artículo, pues su condición de agentes de la autoridad les confiere autonomía real para actuar ponderando y valorando cada caso concreto en cada actuación que se les presente ante ellos. Escogen en cada situación la legislación concreta que se incumple, redactando las denuncias pertinentes con expresión detallada de todas las circunstancias que concurren, para que la Autoridad tenga suficientes elementos de juicio.

En esta situación, como la crisis es sanitaria, lo lógico sería pensar que los incumplimientos serían denunciados como infracciones a las leyes sanitarias, con la obligación de ponderar los riesgos para la salud pública que las conductas llevadas a cabo por los ciudadanos llevasen aparejadas, dejando la ley de protección de la seguridad ciudadana para los casos en los que los agentes vieran obstaculizadas sus actuaciones.

Sin embargo el legislador, como acostumbra a hacer, no define concretamente los aspectos antes citados. Se limita a señalar en las directrices para la policía, algunos aspectos de la legislación que considera importantes y que, casualmente, coinciden con las leyes que habitualmente manejan los funcionarios de policía y con las que se encuentra más cómodos, pues afectan de lleno a las competencias que habitualmente ejercen.

Y como además, esta legislación va en la línea de las medidas de tipo “policial” indicadas en el decreto de forma más preponderante, todo está hecho. La mera indicación de unas leyes o unos artículos, se convierte de facto, en el régimen sancionador que se utiliza para denunciar los incumplimientos de la población.

Los funcionarios han mordido el anzuelo y llevados por su habitual celo, proceden como creen que deben. Una reflexión sosegada hubiese hecho ver los matices, pero es difícil hacerla en una situación como ésta. Y unas directrices claras, hubiesen ayudado, pero precisamente es lo que nunca da el Estado, directrices claras. Nunca, para no comprometerse. Y si alguien queda, finalmente expuesto, es el policía que haya “malinterpretado” las directrices.

De igual modo que el policía debe, por su condición también de ciudadano, de persona, desconfiar siempre de ese “ser inexistente pero real” que es el Estado, también el resto debemos hacerlo y no aceptar acríticamente que un decreto de suspensión de derechos es adecuado, proporcional y beneficioso, al menos hasta que hayamos reflexionado sobre todas sus aristas.

Tal vez haya sido porque el miedo a enfermar y a la muerte de uno mismo y de sus familiares haya hecho de esto una situación realmente excepcional. O tal vez haya sido porque el Estado ya nos tiene prácticamente domesticados.

Artículo originalmente publicado en El Club de los Viernes

Estamos acostumbrados a que se nos vendan las bondades de la planificación central en la economía. Ya sabemos, esas cosas como la intervención estatal, la redistribución de la riqueza, el control de precios…

Los argumentos son siempre los mismos, huelga extenderse, esos de que el estado tiene que corregir los fallos del mercado. Porque, como repiten una y otra vez, el mercado tiene fallos que perjudican siempre a los más débiles, a los pobres, a los asalariados. Como el mercado se identifica con los malvados empresarios, los poderes financieros, la bolsa, todas ellas malignas instituciones y el estado corrige sus fallos, éste se identifica con el bien.

Los que no nos tragamos el cuento de que una sola persona o un grupo de personas vayan a poder ejecutar mejor la compleja tarea que realizan espontáneamente millones de personas comerciando libremente, esgrimimos el argumento ese tan conocido (en nuestros reducidos círculos) de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo.

Todas estas discusiones quedan en la teoría y en el ámbito de la economía, normalmente. Y ahora llega una pandemia y el gobierno echa mano de un instrumento legal que le permite la máxima centralización en la toma de decisiones. A todos los niveles.

Y es entonces cuando este humilde observador de lo que ocurre empieza a divertirse (sin olvidar, por supuesto, la enorme tragedia que nos envuelve, entiéndaseme). Porque en la orgía regulatoria, los próceres nos deleitan con cosas como que no podemos salir de casa salvo a trabajar en las actividades esenciales, que no podemos pasear con nuestra familia, ni montarnos en el coche aunque estemos juntos todo el día, que no podemos ir a los actos religiosos pero estos no están prohibidos, que en una fase determinada no podemos salir de la provincia, pero sí ir a un hotel y toda esta enorme cantidad de normas.

Cada vez que regulan algo se encuentran con los casos particulares. Sirva de ejemplo el caso de la imposibilidad de cruzar los límites de una provincia, una delimitación estatal, artificial, impuesta. Enseguida salieron a la luz casos particulares por doquier; que si en tal pueblo una calle delimita el paso de una provincia a otra, por lo que la gente se mueve para hacer las compras indistintamente por el territorio de dos de ellas, sin que tenga otro remedio. Que si hay un territorio compuesto por más de un municipio que está enteramente rodeado de la provincia a la que pertenece por territorio de otra provincia, por lo que los habitantes de esa zona estarían, de hecho, aislados de la provincia por la que legalmente podrían circular.

Otro ejemplo es el de las familias. Los padres pueden salir a pasear con sus retoños, pero solamente en proporción de uno por cada tres infantes. Espere, ¿qué hacemos con las familias que tienen más de seis hijos?…que alguna hay.

Y solamente pueden salir a jugar los niños entre el mediodía y las siete de la tarde. Nadie ha pensado que en pleno mes de mayo las temperaturas en las “horas centrales” del día no son casi soportables según en qué zona de nuestro país nos encontremos.

O el caso de los vehículos de empresas de las que sí podían realizar su actividad. Máximo dos ocupantes, uno en cada fila de asientos y en posición diagonal. Señores, que hay vehículos comerciales que solamente tienen una fila de asientos.

Los paseos de los adultos por las vías públicas, así que excluidas las playas. En mi municipio considero las playas como “espacio natural”, porque hay leyes sobre estos temas que así lo recogen, incluso existen figuras de protección al efecto.

Así que a toda prisa hay que volver a regular, modificar decretos, sacar comunicados, añadir excepciones, recalcular horarios, vincular las decisiones a las particularidades de los municipios, comunidades, pueblos, territorios, familias, vehículos, actividades.

Tremendo lío. La flamante planificación central ahogada por los casos particulares, por la realidad compleja de la vida. Y se suponía que estas eran cuestiones más o menos sencillas. Unas cuantas actividades esenciales, territorios amplios a los que aplicar criterios “objetivos” de sanidad, pequeños paseos por las calles y cosas sin más importancia.

Imagínense los estatistas de todos los partidos el resultado de esta “certera y clarividente” planificación central en algo tan complejo como el mercado y las relaciones económicas.

Otra catástrofe.

Artículo publicado originalmente en El Club de los Viernes

Lo que se entiende por democracia, al menos por la mayoría de los ciudadanos, es un sistema político en el que la soberanía reside en el pueblo, hay separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, existe igualdad ante la ley para todos, los ciudadanos tienen libertades y derechos fundamentales y ejercen su poder en las urnas, en elecciones libres y periódicas.

Con el régimen que salió del 78 en España, se supone que eso, grosso modo, es lo que hemos conseguido. Durante unas décadas, todo parecía discurrir con cierta normalidad (democrática, como le gusta decir a los políticos).

Los ciudadanos tienen la sensación de que viven en un país libre, eso es lo que se repite constantemente. Delegan sus responsabilidades en las urnas, eligiendo a quienes deben actuar en su nombre. Lo hacen cada cuatro años, se reservan el derecho al pataleo si las cosas no salen exactamente como esperan y poco más hasta las siguientes elecciones.

Cosas de liberales, de esos que hay tan pocos que cabemos en un taxi, es escudriñar en el sistema para advertir que el Estado se va volviendo cada vez más grande, más invasivo. Esas sesudas teorías en las que se refleja que el gasto público aumenta enormemente a costa de quitar la propiedad a sus legítimos dueños y que, por consiguiente, la libertad de los ciudadanos disminuye, son cosa de frikis.

De poco sirve que estos tipos raros se esfuercen en decir que nada es gratis, que nada se consigue sin responsabilidad individual, que nadie es quien para quitarte el fruto de tu esfuerzo. O que conceptos como redistribución, justicia social, salud pública, interés general son conceptos inventados por quienes lo único que buscan es tu riqueza para tenerla ellos y devolver unas migajas a sus legítimos propietarios, envueltas en el falaz envoltorio de “lo público”.

Así que, los años avanzan a la par que las “conquistas sociales” aumentan, los “colectivos” van ganando en derechos inventados, el dinero fluye y fluye desde los contribuyentes hasta el poder y de allí, vía subvenciones, hacia organizaciones parasitarias, los subsidios hacen que “nadie quede desprotegido” y la jubilación está, como tantas otras cosas, “garantizada por el Estado”. Todos tranquilos y felices, tomando cañas en las terracitas y abarrotando las playas. Es el Estado del Bienestar.

Pero, por una circunstancia inesperada, acaba todo el mundo encerrado en casa. Todos por decreto y bajo pena de sanción y de cárcel si no se lo toman debidamente en serio. En ese momento, algunos abren los ojos, después del aturdimiento inicial y empiezan a descubrir cosas.

Descubren que aquellos derechos que creían sacrosantos, los fundamentales, pueden ser borrados de un plumazo por el gobierno en un abrir y cerrar de ojos. Con una excusa, por supuesto, pero de forma inmediata. Y ni siquiera es necesario acudir a las formas más extremas de toma de poder, como un estado de excepción o de sitio. Basta con una alarma, real o imaginaria.

También descubren que la separación de poderes no existe, que lleva mucho tiempo sin existir. Resulta que el Congreso ha cerrado y que, aún abierto, habitualmente es inoperante porque los diputados tienen eso que se llama “disciplina de voto”. Es decir, que son sancionados si votan lo que quieren votar si esto no coincide con lo que quiere su partido, lo cual es absolutamente increíble porque ellos representan a los ciudadanos y se supone que actúan con libertad y sin coacciones.

Las leyes son adoptadas al margen de las cámaras mediante decisiones gubernamentales (negociadas o no entre varios partidos), aunque se mantenga la formalidad y el paripé de votar en ellas.

También descubren que el poder judicial es, si no del todo cautivo, sí en buena parte coaccionado por el poder ejecutivo, puesto que sus órganos directivos son nombrados por las cámaras (por los partidos políticos). Hasta el Tribunal constitucional es un apéndice más del ejecutivo por los mismos motivos.

En este estado de cosas descubren que el mismo gobierno que les ha ordenado meterse en sus domicilios bajo pena de arresto, que les ha hurtado sus derechos fundamentales, que tiene el control de todos los resortes del poder, establece requisas obligatorias de bienes de primera necesidad, anuncia cierre de establecimientos y de empresas, monitoriza sus teléfonos móviles, reparte dinero a los medios de comunicación para evitar las críticas, intenta controlar la información para evitar la disidencia y les dice que es por su bien.

El anuncio de un responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de que trabajan para “minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno” pone la guinda para aquellos que ya atisbaban el único parecido a un régimen democrático con nuestro sistema es el nombre. Y ya sabemos que, en los tiempos modernos, el nombre de algo suele significar exactamente lo contrario.

Pero, posiblemente, sea tarde ya. Una “nueva normalidad” se está fraguando, se está anunciando y no se está consultando a los depositarios de esa supuesta “soberanía”.

Una vez más, al pelotón de liberales que advertían de que no había que dejar crecer al “monstruo del Estado” no le va a quedar más remedio que volver a decir:

Ya lo dijimos.

Artículo original publicado en El Club de los Viernes

Una de las cosas que nos ha traído esta pandemia, además de la gran tragedia que suponen los miles de fallecidos, es el hecho de que muchos han descubierto que en estas situaciones de excepción el gobierno comienza a utilizar prerrogativas que sólo él tiene y se dedica a las confiscaciones.

En varias conversaciones, ahora todas virtuales, algunos amigos me hacen notar que empiezan a escasear muchas materias primas o productos por la intervención del gobierno. Descubren que, utilizando a su policía, el gobierno irrumpe en las fábricas y almacenes se queda con el material que le interesa para utilizarlo en lo que estima conveniente y dónde estima necesario.

Además, a los que se han lanzado a producir equipos de protección de los que escasean les impone todo tipo de restricciones, en forma de homologaciones que no llegan, sellos que tardan en estamparse, almacenamientos forzados hasta que se decida el destino de esos productos y un sinfín de trabas variadas.

Aunque en un principio el fin que dice el gobierno perseguir, esto es, asegurar el abastecimiento de los recursos necesarios para combatir la amenaza que nos acecha y la distribución en los sitios exactos en los que se necesitan suele ser acogido con benevolencia, con comprensión por la población, aunque apoyen que se tomen esas medidas como necesarias e inevitables, poco a poco la gente va apreciando cosas que parecen no cuadrar del todo.

Sobre todo cuando ocurren situaciones en lugares o ámbitos cercanos, o en industrias o sectores que conocen bien, en los que se ven afectados. Es entonces cuando muchos se extrañan, cuando muchos no entienden bien qué es lo que está pasando.

Muchos lo achacan, primeramente, a las malas decisiones de los que están al frente. Estiman que, de haber otras personas dirigiendo el asunto, las cosas se podrían hacer de otra manera, los productos circularían con facilidad hacia los lugares necesarios, por el solo hecho de poner a funcionarios competentes al frente.

En parte, pueden tener razón. Diferentes criterios, diferentes formas de organizar las cosas, diferentes sensibilidades, inteligencias, capacidades, diferentes grados de responsabilidad, incluso de bondad y maldad, pueden arrojar resultados distintos, pueden aumentar o disminuir el caos o la eficiencia.

Otros, muchos otros, achacan los desabastecimientos a los malvados empresarios quienes al verse privados de oportunidades de hacerse ricos aprovechando la situación de dificultad general, deciden dejar de producir hasta que su afán de lucro se vea colmado.

Pero, por más que haya algunos empresarios que tengan la codicia como forma de conducirse por la vida (que habrá un cierto número, no lo dudo) lo cierto es que si se priva a las empresas de sus materias primas, de sus mercados, del rendimiento de lo producido, tienen que parar.

En lo que es difícil que caigan es en que las reglas para producir cosas, para venderlas, para distribuirlas, son las que son, que los beneficios y las pérdidas, los precios, los incentivos, son lo que son y operan en todo momento. También en una pandemia.

Es difícil que se llegue a atisbar estas cosas porque en épocas de normalidad no se conocen estas reglas, estos conceptos. Se tienen tantos sesgos ideológicos que todo esto, que debería ser básico en primero de economía, se sustituye por las tan manidas ideas como:

• “Lo público es lo mejor”
• “Los empresarios roban el fruto del trabajo de los trabajadores”
• “Los impuestos son necesarios y hasta buenos”
• “El Estado nos protege a todos y vela por nosotros”
• “Los mercados son el mal”
• “El capitalismo es malo” y muchos otros.

Y es que, aunque en épocas de tribulaciones a muchos les parezca lo contrario, el Estado es el enemigo, sigue siendo el verdadero enemigo. Puede que sea normal que la gente quiera protección, que la necesite y acepte, soporte o solicite ciertas injerencias. Pero el Estado sigue siendo ese monstruo violento y extorsionador que es. Y que estorba el normal desarrollo de las cosas, de la producción, del mercado, de la adquisición de riqueza y bienestar, de libertad.

Un ejemplo lo tenemos en los recientes acontecimientos que estamos viviendo en España. Ante una amenaza como es un virus, el Estado ha pasado de comportarse del todo ajeno y despreocupado, a arengador de masas para que tomasen riesgos innecesarios, de mentiroso y ocultador de datos y cifras a arrogante capitán en la adversidad, de criminalmente inmóvil a feroz carcelero, a feroz destructor de riqueza, acaparador de bienes, coordinador del más completo caos, preocupado tan solo de su propia pervivencia y, si puede, de su expansión a costa de los ciudadanos sumisos.

Puede que en España ahora, lo urgente sea, además de sobrevivir a la pandemia, hacer desaparecer del gobierno a los más peligrosos adoradores del Estado omnipotente, comunistas, socialistas irredentos, peligrosos revolucionarios, para tener una oportunidad de salvar a nuestro país, a nuestra sociedad de la doble plaga que la acecha.

Pero lo importante es hacer desaparecer, lo máximo que sea posible al Estado.

Que no se nos olvide.

Artículo original publicado en El Club de los Viernes

Llevamos tiempo advirtiendo de la importancia del lenguaje. Y de que sea la izquierda, unas veces la radical izquierda revolucionaria, otras veces la izquierda suave de la socialdemocracia, de lo progre, la que siempre imponga las palabras que se utilizan y su significado. Que sean ellos los que decidan qué palabras se utilizan para cada cosa, qué significan y también, cuáles son las palabras que no se pueden utilizar, cuáles son las proscritas. Recordemos, por ejemplo, el caso de migrante e inmigrante.

El hecho de que los medios de comunicación, las universidades, los “intelectuales” y los artistas pertenezcan en su gran mayoría al grupo de opinión que marca lo “correcto”, hace que enseguida se impongan los cambios adecuados para trasladar los mensajes que se quieren trasladar por el poder establecido, por las élites.

La crisis del coronavirus, la que nos está golpeando actualmente, nos ofrece claros ejemplos de lo anterior.

Uno de ellos se produjo el día del anuncio del tan esperado paquete económico que el gobierno se disponía a poner en marcha para combatir la crisis económica asociada a la pandemia. El anuncio de las ayudas económicas fue el de una movilización de varios cientos de millones de euros.

Palabra clave: movilizar. El asunto se colocó en todas las televisiones, en todas las tertulias, en todos los periódicos, como una inyección de dinero de una cantidad nunca vista. Pero siempre utilizando la palabra movilizar.

Movilizar es poner en actividad o movimiento algo. Solamente mover algo que, obviamente, ya está ahí. De tal forma que el gobierno, por toda ayuda, se limita a poner en movimiento algo, dinero, que es de otros y está ya en la economía. No añade nada, no pone nada, no aporta nada. Simplemente mueve, contribuye a mover el dinero de otros. Lo que no dice es que son los dueños del dinero los que lo tienen que mover. Y que puede que lo no lo quieran hacer.

Un segundo ejemplo: limitación de la libertad de circulación. En el decreto de declaración del estado de alarma, artículo 7, se puede leer “limitación de la libertad de circulación de las personas”. Teóricamente, una limitación es poner límites a algo. Así que esperaríamos ver que nuestra libertad de circulación la podemos ejercer, aunque no en su totalidad, sino acotada en algunos aspectos. Algunas zonas, horas, lugares concretos.

Sin embargo, lo que nos dispone el desarrollo del artículo en cuestión es justo lo contrario. No tenemos libertad de circulación ninguna. Solamente tenemos una serie de excepciones a la situación para todos obligatoria, que es la reclusión en casa. De hecho, no podemos salir de ella, salvo para hacer ciertas cosas que nos son permitidas. Y, poco a poco, se han ido acotando más esas actividades.

Otros ejemplos serían solidaridad, héroes y otras parecidas. En la situación en la que estamos hay que ser solidarios y no salir de casa. Pero la realidad es que no podemos salir de casa, y si lo hacemos, nos exponemos a fuertes sanciones. No es un cuestión de voluntariedad.

Y nos dicen que somos héroes si nos lavamos las manos. No lo somos, lo hacemos para protegernos en primera persona y para no contagiar a los nuestros. Es lo menos que podemos hacer, no lo más que podemos hacer.

El discurso se impone y la mayoría de la población da por bueno todo lo escuchado. El gobierno nos limita movernos, nos ayuda movilizando una gran cantidad de dinero, tenemos que ser solidarios y quedarnos en casa y somos auténticos héroes solamente con lavarnos.

Y se asume como buena la situación en la que nos han colocado las élites dirigentes. No podemos hacer otra cosa, no hay otra solución. Confiemos en lo que nos dicen, confiemos en ellos, obedezcamos.

Pues yo digo que, como es mi costumbre, como se ha dicho siempre, hay que llamar al pan, pan y al vino, vino. Y no dar por bueno lo que nos cuentan, nunca a la primera. Más bien, ponerlo en cuarentena (qué coincidencia) hasta que, una vez analizado cuidadosamente, tengamos nuestras propias conclusiones sobre el asunto.

Lo demás es dar la batalla por perdida, y así nos va.

Artículo original publicado en El Club de los Viernes

Artículo publicado originalmente en El Club de los Viernes.

Las desgracias nunca vienen solas: este año, al mal llamado ya día de la mujer porque lo es de la mujer marxisprogrefeminista, unimos la aprobación de un proyecto de ley de “libertad sexual”.

Empieza bien esto. Solamente el título es un despropósito. Libertad. O sea, para el que lo quiera escuchar, nos van a dar o a garantizar una libertad que no tenemos, aunque no nos hayamos dado cuenta. De traca.

Vamos a dejar a un lado las consideraciones puramente técnicas y legales del proyecto. Y es que, el asunto de la presunción de inocencia, el problema de la prueba del consentimiento, la carga de la prueba, no son cuestiones de poca importancia. Como tampoco lo son la consideración de víctima sin acreditación judicial del hecho y la vinculación de ayudas y privilegios variados a esta consideración.

Las dejamos aquí porque han sido tratadas por gente sobradamente cualificada para ello. Apuntemos, no obstante, que las conclusiones han sido demoledoras para el ministerio y gobierno que la presenta, a poco que se vean las cosas con la sensatez y objetividad que una ley de este calibre requiere.

Y nos centraremos en lo que más está dando que hablar. Según la ministro, en las relaciones tiene que haber “consentimiento explícito”. Eso dice ella. Si no, son relaciones sexuales ilegales, punibles. El famoso “sólo sí es sí”. Así que tenemos a más de medio país discutiendo sobre si el consentimiento tiene que ser hablado, preguntado, escrito ante notario, con testigos, invalidado por unas copas, pero no por unos petas o unos tiritos…, si hay que renovarlo cada cinco minutos o a cada empujón (ustedes ya me entienden).

La novedad es que sea explícito. Y con las críticas, se apresura a decir la vecina de Galapagar que no hace falta que sea verbal, pero sí que sea explícito. Así que una chica de treinta y años, sin oficio ni beneficio conocido hasta que ha pasado a engrosar las listas de eso que se llama “casta política”, va a enseñar a toda la humanidad a comunicarse.

Porque la comunicación entre personas va más allá de un simple sí o un simple no. Aprendemos a comunicarnos con los otros desde que nacemos y seguimos aprendiendo siempre. Y también lo hacemos con los que tenemos relaciones sexuales, que, aunque Irene no lo diga, casi siempre van más allá de un simple acto físico.

Así que los jóvenes van aprendiendo a interpretar las miradas, las sonrisas, los gestos, las palabras, las caricias, los movimientos, los besos, van aprendiendo a vivir, a relacionarse, a amar. Y descubren que no es lo mismo estar en un contexto que en otro, que no es lo mismo una palabra dicha en público que en privado, no es lo mismo decirlo a voces, entre risas, a decirlo suave al oído, que un sí a veces se pronuncia no, otras no se pronuncia y un no alguna vez es sí.

Cometen, cometemos errores, y también aprendemos de ellos. Y nos acomodamos a la persona con la que hacemos eso de lo que trata la ley, para tener claro qué es consentimiento y qué es explícito para cada persona. Así que esto no debería suponer ningún problema extraordinario para ninguna pareja, como nunca lo ha supuesto.

Y para los que violan, cuando lo hacen, tampoco es ningún problema, porque no se paran a preguntar si va a haber consentimiento. Violan, no preguntan, no interpretan.

Pero, y esta es la clave, la misma ministro ha dicho textualmente: “hemos insistido mucho en que no solamente hay que cambiar el código penal, sino la mente y las conciencias del conjunto de la ciudadanía”.

Así que se trata de eso. De cambiar las mentes y las conciencias. Y que todo el mundo tenga en la mente y en la conciencia lo que los ingenieros sociales digan. Lo que la izquierda totalitaria diga. Y utilizan estos falsos debates para conseguirlo y a esta chica, cuyo discurso no resiste el análisis de un niño pequeño, para conseguirlo.

De modo que, para que quede bien explícito: ministro, no le doy mi consentimiento para que se meta en mi cabeza, en mi conciencia ni en mi cama. No se lo doy.

Déjeme a mi la libertad.

Lo que sí le doy es la definición de consentimiento, aunque tengo claro que no la va a entender, y en el caso de que la entienda, no la va a querer entender.

Consentir: permitir algo o condescender (acomodarnos por bondad o conveniencia al gusto o voluntad de alguien) en que se haga algo.