Desde mediados de marzo nos han sucedido algunas cosas inimaginables para el común de los ciudadanos tan solo unos meses antes.
Aunque no deja de ser cierto que ya llevábamos bastante tiempo deslizándonos por la peligrosa pendiente de ceder libertad a cambio de seguridad, en estos meses la situación ha experimentado un acelerón tan importante que parece que hayamos caído en un pozo del que difícilmente podamos salir.
Hemos ido perdiendo libertad en varios frentes diferentes. Para vernos libres de amenazas físicas, de ataques, hemos renunciado casi totalmente a nuestra defensa. Ante robos, violaciones, atentados, agresiones, delegamos en el Estado, quedando desarmados.
Ante las incertidumbres de la vida, ante las decisiones que pueden salir mejor o peor, ante la continua gestión de nuestros asuntos, delegamos nuevamente en el Estado para que nos proporcione muchos bienes básicos, como la enseñanza, la sanidad, el transporte o las pensiones. El llamado Estado del Bienestar nos proporciona seguridad frente a los avatares de la vida a cambio de gran parte de nuestra libertad, traducida en la mitad de nuestra riqueza.
La irrupción del coronavirus chino era una ocasión demasiado buena para que el Estado la dejase pasar. Ante un enemigo invisible, potencialmente devastador, el Estado, sin pedir ya permiso, se ha erigido en nuestro defensor.
Independientemente del origen de la infección, de su letalidad y de su potencial, el relato construido por los representantes del Estado y por los, debidamente adiestrados, medios de comunicación consiste en que, o nos plegamos a lo que nos digan los que nos gobiernan, o renunciamos totalmente a nuestra libertad, o moriremos irremediablemente.
Y así, la medida adoptada ha sido instaurar un Estado policial. En la misma declaración del estado de alarma, la solución estrella fue el llamado confinamiento, es decir, la anulación total y efectiva de nuestro derecho fundamental a la libertad de circulación.
Sin estadios intermedios, pasamos de tener una vida normal a permanecer en casa obligatoriamente, sin poder salir excepto para comprar alimentos y poco más. Se prohibió trabajar totalmente durante unos días y hubo que hacerlo con trabas de todo tipo durante el resto del confinamiento.
El Estado encargó la vigilancia y el control de estas medidas al aparato de coacción de que dispone, al que está totalmente a su servicio. Los cuerpos policiales. Y además, dio la publicidad necesaria al hecho de que incumplir sus mandatos era algo terrible, que comprometía la seguridad de todos los ciudadanos, en cualquier circunstancia y sin ningún atenuante. Y que el insolidario ciudadano que osase desobedecer sería duramente castigado.
No sirvió de nada ver que la mayoría de la gente acataba de buen grado las imposiciones estatales, presa del pánico. Los medios de comunicación, así como las ruedas de prensa de los impresentables que nos gobiernan, estaban plagadas de noticias de detenciones de personas por el simple hecho de caminar, de noticias que hablaban del número de denuncias realizadas por los agentes, de imágenes de controles policiales en las carreteras.
Desde nuestras ventanas, desde nuestros balcones, casi los únicos vehículos que se podían ver circular eran los de la policía, patrullando sin descanso a la caza de insolidarios. Y la policía, fiel siempre a quien sirve, se empleó a fondo. Un millón de denuncias por salir a la calle, varios miles de detenciones por andar.
Acabado el confinamiento dichoso, las prohibiciones han continuado de forma tan arbitraria como confusa, pero el mandato de que sea la policía la que controle a los ciudadanos sigue siendo válido. Tanto que nuestra policía se dedica a patrullar las calles para denunciar a quien no lleva mascarilla, aún estando en solitario, o en el colmo del celo, la lleva mal colocada.
Y en los telediarios, día sí, día también, nos informan de los “operativos que se llevan a cabo para combatir” cosas como el ocio nocturno, es decir, negocios legales que pagan sin falta los mismos impuestos que otros y tienen, si cabe, más trabas que otros.
Para darse cuenta del estado en el que vivimos desde hace seis meses, hay que intentar recordar alguna medida sanitaria importante que el Estado haya tomado para combatir la epidemia, porque, no lo olvidemos, lo que tenemos como problema es un asunto sanitario.
Si a usted no se le ocurre ninguna, de gran calado, aparte de que los centros de salud se han cerrado justo cuando más necesarios eran, los médicos son inaccesibles y los hospitales parecen búnkeres aún durante las semanas y en las ciudades en las que la incidencia de la infección ha sido mínima, comparte mi opinión.
Ante una emergencia sanitaria, quien nos protege es la policía (incluso de nosotros mismos) y lo que hemos perdido, del todo, es la libertad. Y la riqueza.
Ni siquiera ha sido a cambio de seguridad, de salud, porque estamos a la cabeza de los países con más muertos por millón de habitantes.
Ceder libertad a cambio de seguridad es, siempre, muy peligroso.
Artículo publicado originalmente en El Club de los Viernes.
