La salud pública ¿nuestra salud?

En una de esas conversaciones que de vez en cuando uno tiene al respecto de esta pandemia que dicen que vivimos, se me dijo que las medidas que toman por nosotros los políticos que nos dirigen son por “motivos de salud pública”. Se me dijo que todo lo que nos están haciendo está justificado para proteger la salud pública, todo.

Como ya he oído muchas veces eso de la salud pública, me dio (después de discutir un ratito para no perder las buenas costumbres) por indagar un poco en el tema.

Vamos al comienzo, como casi siempre. En nuestra tan idolatrada constitución del 78, aparece la salud pública en el artículo 43:

“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.

Ya sé que lo que ponga en la constitución no hay que tomárselo demasiado en serio para razonar sobre cualquier tema, ya sé que no marca lo que está bien o lo que deber ser, pero muchos creen que lo que dice la norma fundamental es poco menos que palabra divina, así que tengamos la deferencia de incluirla en este monumental lío.

No es que diga mucho nuestra magna carta sobre el tema. Pero sí lo suficiente, y esto es que el artículo 43 está en el capítulo tercero del título primero, o sea, que entra en la categoría de los principios rectores de la política social y económica. Que tiene “menos categoría” que los derechos y libertades fundamentales, esos del capítulo segundo y que estamos viendo suspendidos ilegalmente y, encima, por proteger derechos de menor entidad.

Otra clave del asunto es la palabrita pública que añadimos al concepto salud y que viene a decir, sencillamente, que lo que los poderes públicos tutelan no es mi salud, o la de la señora que lee esto. Lo que los poderes públicos organizan y tutelan es la salud que ellos mismos definen, deciden y que les da igual lo que a usted le pase (sí, a usted señora) siempre que esté a salvo la salud pública.

Ahora entiendo ese aberrante empeño en mantener los centros de salud cerrados y a los pacientes de cualquier otra patología que no fuera el llamado COVID-19 sin atención ninguna.

La decisión de a qué enfermedades, a qué tipo de pacientes atender, la decisión de las prioridades que tenemos en cada momento, cómo organizamos los servicios médicos, en qué y cuánto gastamos, es una decisión política, es un asunto público.

Y, como ya sabemos por aquí, aunque la mayoría de los “ciudadanos” lo ignoran, lo público no es de todos y mucho menos de cada uno de nosotros. Lo público es del Estado y a él le corresponde en exclusiva decidir qué hace con ello en todo momento. ¿Sin contar con usted? Claro que sí, señora, claro que sí.

Y sin contar con los médicos, no lo olviden los señores doctores, esos que han sido rebajados en un solo año a la categoría de “sanitarios” y que, aunque aún no se den cuenta, están perdiendo el prestigio que tenían.

Durante el año que llevamos con esta epidemia, con el timo este del virus, la prioridad y la atención casi exclusiva de los poderes públicos ha sido el coronavirus y las demás enfermedades, los demás pacientes, no han sido atendidos porque se está salvaguardando la salud pública, no la salud de esos mismos.

Que además se hayan pisoteado otros derechos fundamentales de una forma descaradamente ilegal y para la salvaguarda de un derecho claramente inferior solamente se explica teniendo en cuenta que interesa hacerlo, y que además, interesa hacerlo de forma coordinada con el resto del mundo occidental. Ya saben a qué me refiero.

Habíamos perdido la educación de nuestros hijos porque tenemos educación pública.

Ahora hemos perdido la salud porque tenemos salud pública. Y con ella, estamos perdiendo la poca libertad y la poca propiedad que nos quedaba. Y con todo ello, estamos perdiendo la vida.

Artículo original publicado en Tradición Viva.

El Brigada Acorazado Escrito por:

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