Desde que comenzó lo que se viene llamando la emergencia sanitaria del COVID9, han sido muchos los derechos fundamentales que nos han sido arrebatados. Los primeros cayeron inmediatamente por el decreto que imponía el estado de alarma y lo hicieron de modo estrepitoso, pero casi sin hacer ruido.
Me refiero, como no, a la libertad de circulación o al derecho de reunión. Otros, como el derecho a libertad religiosa y muchos más, fundamentales o no, fueron cayendo poco a poco, entre la normativa impuesta, los hechos consumados, el silencio de los jueces, la traición del tribunal constitucional y la persecución cruel de las policías.
El último ataque a un derecho fundamental lo hemos sufrido coincidiendo con las durísimas restricciones impuestas para impedir a toda costa que los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores y los cristianos aprovecharan la Semana Santa del año 2021. El ataque al derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Desde casi el comienzo de todo este espectáculo orquestado con la excusa del coronavirus, se pudo comprobar como nuestra casa era prácticamente el único ámbito en el que el Estado no podía imponer su poder. Ganas no le faltaba, y así se esforzaba, por medio de sus secuaces preferidos, por recomendar cómo debíamos comportarnos en el trato con nuestros familiares, estando sanos y habiendo ya enfermado.
Como el leviatán es insaciable, pronto se empezaron a contemplar términos que iban preparando el terreno para asaltos futuros al domicilio. Se empezó a leer en la normativa que los miniestados que configuran nuestro país redactan sin desfallecer, términos como “convivientes”, “espacios privados”, términos que se replicaron por la prensa y los tertulianos, con la nada inocente mezcla y confusión con el ámbito domiciliario.
Sin llegar a escribir hogar o domicilio, en la legislación autonómica se regularon las reuniones en ámbito privado hasta llegar a la prohibición total de las reuniones que implicaran a personas no residentes en un mismo domicilio, tanto dentro como fuera de él.
Aún así, de las puertas de las casas de los sufridos ciudadanos, el estado seguía sin poder pasar. Para ayudar en la ofensiva, se comenzó a hablar de fiestas ilegales en los domicilios, señalándolas como las culpables de que la situación sanitaria se volviera insostenible a pesar de los esfuerzos denodados del gobierno para cuidarnos.
Muchos picaron el anzuelo, entrenados duramente en el terror, en el pánico a una enfermedad devastadora que veían nítidamente en las televisiones, pero bastante más borrosa en la vida real, y se hicieron delatores sin demasiado cargo de conciencia.
Y así se pudo organizar la feroz ofensiva contra el domicilio de finales de marzo, con la policía como ariete (no figurado). Ésta, sin conciencia de ser usada como arma del Estado contra sus ciudadanos (entre los que se incluyen ellos mismos aunque no quieran darse cuenta), se apresuró, no solo a asaltar casas, sino a colgar las imágenes para presumir de trofeo.
Nuestros gobernantes estaban frotándose las manos, babeando saliva de satisfacción al contemplar cómo los ciudadanos discutían sobre la legalidad de las entradas, sobre la conveniencia de las mismas, sobre la irresponsabilidad de los que participaban en las fiestas. Divide, haz que discutan sobre algo que está absolutamente claro en el ordenamiento jurídico español, arrima opiniones interesadas a tus tesis, mezcla derechos o dale primacía a derechos no fundamentales sobre los fundamentales, moldea sutilmente las conciencias a través del miedo y tendrás justificación más que de sobra para acabar con nuestras casas.
Si algo le interesa al estado es nuestra libertad, y el sitio en el que somos más libres es nuestra casa. Nuestros negocios, nuestras empresas, nuestro dinero, nuestros colegios, nuestros hospitales y nuestros médicos, ya los tienen.
Nuestras calles las han conquistado definitivamente con la “pandemia”.
Les faltan nuestras casas y, aunque aún no las han conseguido, han dejado nuestras puertas tan maltrechas que puede que no aguanten otra embestida.
Artículo original publicado en InfoHispania.