Estos días hemos conocido la noticia de que varias comunidades autónomas han prorrogado la exigencia legal de poseer el llamado pasaporte covid para el acceso a determinados lugares, con el correspondiente visto bueno de los tribunales superiores de justicia. Y es precisamente en este visto bueno judicial donde está lo verdaderamente reseñable, lo que me hace escribir estas líneas.
A estas alturas de la “pandemia”, cualquier persona que no sea un político, un periodista lacayo de los políticos o un covidiano abducido por el relato oficial, sabe que el llamado pasaporte covid no es más que una imposición totalitaria que no tiene otro objetivo que el forzar a la población a vacunarse totalmente (entendiendo totalmente como el número de dosis que el político de turno considere obligatorias). Y que es una exigencia injusta puesto que todavía hoy la vacunación es voluntaria. Y que, además, es un escándalo que debería haber conducido a una revuelta social, pues escandaloso es que se discrimine a gente por hacer o no hacer lo que es voluntario.
A estas alturas de la “pandemia”, cualquier ciudadano que haya querido informarse mínimamente sobre el asunto sanitario, sabe perfectamente varias cosas sobre el virus, las vacunas y el dichoso pasaporte ese. Una es que las vacunas han sido un absoluto fracaso, un fracaso de proporciones mayúsculas, al menos en cuanto a su supuesta misión de conseguir la inmunidad de grupo y acabar con la transmisión de las infecciones. Otra es que las personas inyectadas y las no inyectadas, si contraen la enfermedad, pueden contagiar por igual (o al menos en proporciones parecidas).
Una cosa más que saben, a poco que su cerebro no esté hecho fosfatina, es que las personas sanas no infectan a nadie de nada, y que esta circunstancia (estar sano) no tiene nada que ver con haber recibido una, dos, tres o más dosis de la banderilla de ARN. También sabe, aunque esto cuesta reconocerlo, que las medidas recurrente y pesadamente impuestas por los políticos, además de absurdas, son ineficaces como muestran tozudamente los hechos cada vez que los prebostes hacen gala de su totalitarismo y arremeten contra nuestra libertad.
Presupongo a los jueces de esos tribunales superiores de justicia personas que no pertenecen a los grupos de los políticos o de los periodistas lacayos de estos. Presupongo que son ciudadanos corrientes. Y presupongo que conocen que para permitir que cualquier dictadorzuelo limite los derechos fundamentales de sus ciudadanos, deben pedir que demuestre que las medidas que ansía tomar son necesarias, eficaces y que no dispone de otras menos lesivas para los derechos fundamentales. Que son imprescindibles, vaya.
Me pregunto entonces que si esto es así, cómo es posible que no solo se hayan autorizado semejantes medidas como la exigencia de un documento discriminatorio o la humillante aplicación de toques de queda, sino que se hayan prorrogado en diferentes sitios.
Me pregunto si han solicitado y estudiado a fondo los informes, estudios o razones que les llevan a tomar esas decisiones. Y si han contrastado estos no solo con la ley, sino también con la realidad. Porque no me vale con que soliciten (y den por bueno) un informe elaborado por cualquier técnico de tres al cuarto, funcionario de la administración autonómica de turno.
Las cifras oficiales de todo esto (y las llamo oficiales, no reales) indican que no hay diferencias significativas entre las regiones que llevan a cabo limitaciones dictatoriales de derechos fundamentales y las que no, y que en todo caso, las diferencias son favorables a las regiones que menos han cercenado la libertad. Las cifras oficiales de todo esto indican que esas cuestiones son igualmente apreciables entre países y que, para más coña, los países que menos intervienen en este asunto, son los que más benignamente están soportando esta “pandemia”.
Así que señores de los tribunales superiores de justicia, o han leído unos sesudos e irrefutables informes que demuestran lo que nadie ha podido demostrar hasta ahora (y entonces les pido que los difundan por todo el orbe para que los demás puedan contemplar semejantes maravillas), o son unos vagos que se conforman con cualquier papelillo que lleve membrete oficial y que los derechos fundamentales de la población (incluidos los suyos) les importan un bledo, o son covidianos abducidos por el relato oficial. También puede ser que prevariquen, pero eso lo dejaré para otro día.
Ahora es cuando me acuerdo de la gente que piensa que la justicia es nuestra última línea de defensa y entonces me vuelvo a mi trinchera, a seguir preparándome para lo que viene.
Artículo original publicado en InfoHispania.
